lunes, 6 de diciembre de 2010

Región del Bío Bío: El desastre de Coronel


Con una termoeléctrica desde 1971 y dos plantas más por venir, Coronel es considerado por sus habitantes como el basurero del Golfo de Arauco. Además de las generadoras eléctricas con base en carbón, sufren la contaminación de la industria pesquera y maderera y una organización territorial que beneficia sólo a las empresas.

Doña Ana vive hace medio siglo en la calle Amengual, en la población La Colonia, a menos de 50 metros de la Termoeléctrica Bocamina 1 (1971, 128 MW), propiedad de Endesa.

Dice que cuando la planta se abrió los vecinos no la rechazaron por ignorancia, pero que en junio pasado actuaron con fuerza en contra de la “ampliación” Bocamina 2 (una nueva planta que duplica la anterior: 350 MW), tras años de ruido constante, ceniza y polvillo de carbón en el aire, grietas en las paredes y techos deteriorados por los químicos.

Conversando con otros vecinos, todos concuerdan en que Coronel era un lugar limpio, rodeado de bosque nativo y con un acceso a una costa limpia y generosa, que les entregaba almejas de medio kilo.

Además, coinciden en que el colapso ambiental de la ciudad se inició con la llegada de la industria pesquera y fue inevitable con la entrega del borde costero al Puerto y la llegada a fines de los ‘90 de las diversas industrias que emigraron de Talcahuano, una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Hoy, el Puerto cambió la vista del mar por un galpón de zinc que se expande cada día y las pesqueras, “chipeadoras” (astilleros), vertederos de cenizas y otras industrias, son las fronteras artificiales de la ciudad.

A pesar de esta presencia, el desempleo a septiembre de 2010 fue de 12,2%. Una termoeléctrica, aproximadamente, opera con 45 personas y en su etapa de construcción requiere de 800 a mil personas por tres años. Por otro lado, el carbón que usan es importado, dada la baja calidad del de la zona.

CORONEL PARA LA INDUSTRIA

“Decisión Ciudadana” es un movimiento local que une a individualidades y organizaciones sociales y políticas. En él, profesionales y técnicos agrupados en el Comité Plan Regulador, han estudiado y difundido las implicancias que tiene la aprobación que el Concejo Municipal hizo en abril de 2009 del Plan Regulador Comunal (PR), informado a la comunidad y a los concejales, según ellos, de manera incompleta e irregular.

“El PR actual es de mediados de los ‘80 y permitió la entrada de las industrias y las termo -eléctricas-. El nuevo PR no responde a las necesidades de la ciudad ni de la ciudadanía”, afirma Héctor Calderón, arquitecto y miembro del Comité PR.

Además de dejar dentro de la ciudad amplias zonas industriales y requerir numerosas expropiaciones para construir carreteras que unen directamente la ruta 160 con las empresas, “una ciudad enferma requiere parques urbanos y si bien se proponen un par, están distantes, y uno en Playa Negra, irónicamente, sobre un ex vertedero”, explica el urbanista.

Actualmente, el PR se encuentra en etapa de modificación y congelado hasta mayo de 2011 -tras la presión ciudadana y el terremoto- y en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, ex Conama Bío-Bío), cuyo director regional continúa siendo Bolívar Ruiz.

Ante la urgencia de evitar la instalación de más termoeléctricas y otras industrias contaminantes, el Comité impulsó la modificación de la ordenanza del plan vigente, un trámite más rápido que cuenta con el apoyo de los 6 concejales.

Como indica Ruiz, la Conama evaluó los proyectos bajo el PR vigente, que permitía iniciar la construcción de dos nuevas centrales termoeléctricas que hoy ya son una realidad: Bocamina 2 y Santa María (700 MW), propiedad de Colbún.

LA VECINA INDESEABLE

Caleta Lo Rojas –la caleta artesanal más grande de Chile- sector aledaño a Bocamina, llegó a un acuerdo de erradicación con Endesa.

Sin embargo, vecinos de la población Capitán Cabrejo dicen haber sido engañados por la compañía, ya que el 2008 firmaron papeles sin saber que serían anexados a un acuerdo que ellos no conocían y que no les convenía. Otros alegan la mala calidad de las casas a las que fueron trasladados, en San Pedro de la Paz, lejos de su fuente de trabajo.

Además no recibirán indemnizaciones médicas, aun teniendo exámenes realizados por el doctor Álvaro Figueroa que señalan que muchos padecen enfermedades relacionadas con la industria, como pterigio (enfermedad a los ojos causada por la ceniza y que puede provocar ceguera), asma bronquial severa, irritación de piel, ojos y vías respiratorias, y cánceres.
Por su parte, los vecinos de La Colonia aún no llegan a un acuerdo de erradicación y desde mediados de abril han visto aparecer grandes socavones en los patios de sus casas, producto de las extracciones de agua de las napas subterráneas que la empresa estaría haciendo, situación corroborada por Sernageomin y Bomberos.

Pero hay otros que rechazan la erradicación: “Este es un barrio con historia, pero la plata mata el sentido de comunidad y los ideales”, indica Luis Orellana, vecino de La Colonia, cuna del movimiento obrero de Coronel.

Endesa, a través de una fuente que pidió reserva, indicó que su política era no dar ninguna entrevista relacionada con termoeléctricas.

A juicio del biólogo y miembro del Comité PR, Pablo Herranz, cumplidos sus 30 años, Bocamina debió ser cerrada e impedida su ampliación dentro del sector urbano, “lo que no ocurrió, dado que implementaron un filtro de manga para captar material particulado y así justificar la aprobación de nuevos proyectos”.

“Es que la legislación lo permite”, indica Bolívar Ruiz. “Son derechos adquiridos por las empresas y no podemos pasar sobre la ley”.

Paralelamente, Colbún inaugurará Santa María en el Fundo Manco –a 500 metros del Hospital- con dos unidades de 350 MW cada una, proyecto aprobado en 2006 por la Conama y que, al igual que Endesa, iniciará su funcionamiento a fines de 2011.

Para Sandra Cisternas, bióloga y miembro del Comité PR, ésta “es peor”, ya que usa como filtro y refrigeración el agua de mar, devolviéndola más caliente en 6 o más grados, cuando dos grados ya producen marea roja. Es un daño sobre el que no hay estudios serios”.

El director del SEA, señala que a ambas se les exigió un plan de compensación por material particulado: Endesa hizo un recambio de mil estufas domiciliarias a leña.

EFECTOS AMBIENTALES
Además del daño al borde costero, lugar de reproducción de muchas especies, los efectos se hacen sentir en la atmósfera, con emisiones de material particulado grueso y fino, este último 100% respirable y potencialmente cancerígeno. Además, gases como dióxido de azufre y óxido de nitrógeno y CO2 generan efecto invernadero y lluvia ácida.
La contaminación terrestre está dada por los vertederos de cenizas residuales de los procesos, los que están al filo de las concentraciones permitidas por las normas nacionales y en sectores urbanos, “muy cerca de poblaciones y sin medidas de seguridad”, indica Cisternas y Herranz, en relación al vertedero de Bocamina, incluso ampliado en 1,7 hectáreas, situaciones que contravienen el PR Metropolitano.

En el caso de Santa María, “el vertedero está en el inicio del Estero Manco, por lo que contaminará las napas subterráneas”, explica Herranz.

Sin embargo, Ruiz señala que “se evaluó exhaustivamente, no está en la cabecera del Río Manco y está a 5 kilómetros” del sector urbano.

Respecto a Bocamina, explica que es el vertedero que se ocupa hace 40 años, bajo leyes de ese tiempo y que cuando colapse tendrán que hacer otro fuera de la zona urbana.

CONTRATAQUE CARBONÍFERO

Otro proyecto amenaza Coronel: en marzo pasado, Río Grande S.A. presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central Termoeléctrica RG – Generación”, para el sector de Puchoco.

La planta tendrá dos unidades de 350 MW, que sumarían una potencia bruta de 700 MW, destinada al suministro de energía eléctrica al Sistema Interconectado Central (SIC).

Cabe decir que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y la Comisión Nacional de Energía, del total de la energía generada en Chile, sólo el 16% es consumido directamente por las personas. El resto es ocupado principalmente en el sector industrial, especialmente minero.
RG fue rechazado por la Conama, porque no cumplía con ciertos requisitos legales y no ha sido ingresado nuevamente, aclara el director del SEA Bío Bío.

“El alcalde y dos concejales iban a recibir a esta empresa en el Concejo, cuando eso es una de las etapas que tiene que cumplir en el EIA. Si el alcalde aparece en la televisión diciendo que no permitirá más termoeléctricas ¿Por qué acepta que le expongan el proyecto”, se pregunta Sandra Cisternas.

Tras reiterados intentos personales y telefónicos, Leonidas Romero, alcalde de Coronel, no accedió a una entrevista que aclarase este y otros temas que los vecinos le han planteado por vía escrita.

Mientras tanto, los vecinos se organizan -superando sus propias diferencias- en torno al recuerdo y el rescate de una ciudad limpia y un futuro mejor para los que vendrán.

Por Cristóbal Cornejo González

El lado oscuro de la minería en Colombia


En Colombia la actividad minera ha generado riqueza, pero no para todos. Si las multinacionales mantienen su expansión es a costa de un precio muy alto para las comunidades locales: poblaciones desplazadas, ríos y campos contaminados, sindicalistas silenciados. Violaciones de los derechos humanos que ponen en tela de juicio también a una empresa suiza, misma que niega las acusaciones.

Colombia es el quinto país exportador de carbón en el mundo. De las mineras del norte, esta materia prima es transportada a Europa –sobre todo a Alemania– y utilizada para la producción de energía eléctrica. Las centrales de carbón alemanas proveen en parte a las empresas suizas, que en los últimos años han aumentado sus inversiones en carbón para cubrir las necesidades básicas.

En diversos países europeos la utilización de este combustible fósil se ha topado con la oposición de los ecologistas por la elevada emisión de CO2 que difunde en la atmósfera. Las incógnitas (o los reproches?) vinculadas al carbón no se limitan solamente a las centrales, último eslabón de una cadena productiva, sino que conducen hasta las grandes minas a cielo abierto que han desdibujado el perfil de la cordillera andina.

En países como Colombia, la extracción del carbón ha generado importantes violaciones de los derechos humanos y el deterioro del ecosistema. La denuncia no es nueva: desde hace varios años Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo Suiza Colombia luchan porque las comunidades locales recuperen el beneficio de sus materias primas.

“La situación en el norte de Colombia es particularmente difícil. Durante años esa región ha sido escenario de enfrentamientos entre la guerrilla, las fuerzas paramilitares y el ejército estatal”, explica Alfredo Tovar, sindicalista y obrero de una mina del departamento del César. “Y el precio lo paga sobre todo la población local: familias enteras han tenido que irse o han sido reportadas desaparecidas. Trabajadores, representantes comunales y dirigentes sindicales fueron acallados o asesinados”.

Alfredo Tovar acudió a Suiza para pedir justicia. Reivindica seguros sociales para todos los obreros, normas de seguridad en las minas e indemnización a la población por los daños sufridos. “El impacto medioambiental de la extracción del carbón es enorme: los ríos son contaminados y con ellos también la tierra y el ganado. Esto significa que esos campesinos que vivían de la agricultura y la pesca, ahora no tienen qué comer. Y ello, amén de que de la mina libera una nube negra de polvillo que causa graves problemas respiratorios”.
Multinacional suiza en punto de mira

En Colombia la extracción de las materias primas es, de hecho, monopolio de un puñado de multinacionales, algunas de las cuales tienen su sede en Suiza. Alfredo Tovar trabaja desde hace años en la mina la Jagua, propiedad de Glencore International AG cuya filial colombiana es Prodeco.

Poco conocida por el gran público, la Glencore International AG tiene su sede principal en el cantón de Zug y el año pasado realizó el volumen de negocios más elevado de Suiza (117 millones de francos), superando gigantes como Nestlé o Novartis. En Colombia controla dos minas de carbón a cielo abierto en el departamento del César y tiene un acceso privilegiado al puerto de Santa Marta (Magdalena).

Acompañado por representantes de ONG suizas y en representación del sindicato colombiano Sintramienergetica, Alfredo Tovar llamó a la puerta de Glencore International AG, sin obtener respuesta. La multinacional es acusada de promover una política poco transparente, hostil a los sindicatos y nociva al medio ambiente.

“No podemos negar que Glencore ha creado puestos de trabajo en Colombia, pero eso no le confiere el poder de violar los derechos de los trabajadores, de obstaculizar la libertad sindical, amenazando o despidiendo obreros que se atreven a levantar la cabeza”, denuncia Alfredo Tovar.

En los departamentos del César y de Magdalena se concentra gran parte de la riqueza del país, pero a menudo los pueblos han quedado sin agua potable, electricidad y servicios sanitarios. “La mano de obra llega sobre todo de otras regiones del país y los beneficios se van al extranjero … mientras aquí sólo quedan contaminación y pobreza. Como empleado de Glencor pido una indemnización para la región por los daños causados y pido respeto a los acuerdos sindicales firmados con los trabajadores”.
No solamente minas

La Glencore International AG se mantuvo sorda al llamado de Alfredo Tovar y las ONG suizas. Declinó también hacer declaraciones a swissinfo.ch. y se limitó a respondernos con un comunicado de prensa –firmado por la empresa Prodeco – en el que dice tener un programa de responsabilidad social y medioambiental.

En sustancia, la multinacional se presenta como el motor económico de la región: no sólo ha puesto a disposición “más de 5.000 empleos (directos o indirectos), 84% de los cuales en los departamentos del César y de Magdalena)”, sino que también ha intentado “mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, mediante la creación de escuelas y otras infraestructuras”.

Con respecto a las acusaciones de violación de los derechos sindicales, la sociedad con sede en Zug aduce actuar “en conformidad con las leyes colombianas que garantizan la libertad de asociación, prohíben el trabajo forzado y garantizan condiciones humanas de trabajo”.
Suiza, mediación sin intervención
Ante la gravedad de las acusaciones, las ONG suizas han solicitado de manera reiterada la intervención de las autoridades suizas. “La respuesta es siempre la misma”, nos explica Stephan Suhner de Ask! Grupo de Trabajo Suiza-Colombia. “Suiza sigue de cerca los debates sobre la industria extractiva en los países del Sur, pero mantiene el máximo de reserva para no inmiscuirse en cuestiones de política interna”. El Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) se limita a “invitar a las empresas a atenerse a los principios voluntarios en materia de seguridad y derechos humanos”, sin intervenir.

El portavoz del DFAE, Pierre-Alain Eltschinger, precisó a swissinfo.ch que “Suiza sigue de cerca este caso, en particular en lo que se refiere el respeto de los derechos humanos, y está en contacto regular con la empresa suiza concernida, la Glencore, el sindicato y la ONG colombiana”. Además, prosigue Eltschinger, “la embajada suiza en Colombia busca favorecer el diálogo entre las multinacionales y las organizaciones de defensa de los trabajadores”.

Alfredo Tovar volvió a Colombia sin respuestas. Lo esperaba una región golpeada por años de violencia y ultraje, el miedo a las represalias y la incertidumbre del mañana. En Suiza se quedaron los beneficios de una actividad considerada arbitraria y una advertencia que tiene el sabor de la lucha obrera: “¡El agua no es negociable. La vida no es negociable!”


GLENCORE
Activa en el comercio de materias primas y en la producción de petróleo y carbón, la multinacional Glencore International AG tiene su sede principal en el cantón suizo de Zug. Actualmente tiene filiales en unos cuarenta países.

En Colombia posee dos minas de carbón en el departamento del César: Calenturitas y La Jagua. Ambas son gestionadas por la sociedad colombiana Prodeco, propiedad de Glencore. También cuenta con instalaciones portuarias en Santa Marta.

Emplea a unas 2.500 personas, entre las minas y el puerto.

El carbón extraído en Colombia se exporta principalmente a Europa, Estados Unidos y a países caribeños.

En 2009, Glencore realizó una cifra de negocios de 117 millones de francos. Se trata del mejor resultado obtenido en Suiza, incluso delante de gigantes como Nestlé o Novartis.

Glencore posee además el 35% de Xstrata, multinacional con sede en Zug y se situó entre las diez más ricas de Suiza en 2009. En Colombia Xstrata posee un tercio de la mina de El Cerrejón, entre las más grandes minas a cielo abierto del mundo.


Stefania Summermatter, swissinfo.ch
Traducción, Marcela Águila Rubín