A la aprobación de la temoeléctrica de Barrancones, sancionada ayer por la Corema de Coquimbo, se suman las de Campiche y Los Robles, entre otras, aprobadas y en proceso de construcción. Aún se encuentran en el sistema de evaluación otras centrales térmicas, la más grande la megaentral Castilla. El país no se puede permitir seguir aumentando sus emisiones y contaminando valiosos ecosistemas. La aprobación de este proyecto marcará la agenda ambiental del gobierno de Piñera -tal como el desastre de la celulosa Valdivia marcó el de Lagos-, no sólo por la potencial catástrofe ecológica en Punta Choros, sino también por el fuerte rechazo ciudadano a la termoeléctrica.
La aprobación de la Corema de Coquimbo del proyecto termoeléctrico Barrancones, de la empresa franco-belga SuezEnergy, es un claro reflejo de dónde están las prioridades en la toma de decisiones en la “nueva forma de gobernar” del gobierno de Sebastián Piñera. Con ello, además, el Presidente contradice una de sus promesas electorales, pues durante su campaña y frente a la comunidad local, aseguró que la zona no es apta para albergar centrales térmicas de esta naturaleza.
La Central térmica Barrancones pretende generar 540 MW de energía a base de carbón, con una inversión de US$1.100 millones, y se ubicaría en la comuna de La Higuera, en las inmediaciones de Punta de Choros, una de las escasas áreas costera marinas protegidas del país, con una rica biodiversidad de alto valor ecológico, incluyendo más del 80% de la población mundial de pingüinos de Humbolt. Todas las evidencias científicas señalan que estos ecosistemas no sobrevivirían más allá de una semana una vez que comience a funcionar la termoeléctrica.
El funcionamiento de una central térmica a carbón de este tipo generará desechos tóxicos que se pretende liberar, tanto a nivel atmosférico como al suelo y, especialmente, al mar, destruyendo la biodiversidad natural, y con ello todas las actividades económicas locales tradicionales, tales como la pesca artesanal y el turismo.
La votación a favor del proyecto por parte todos los seremis integrantes de la Comisión, es decir, de todos los representantes políticos del Ejecutivo, confirma que se trata de una decisión dictada a nivel central, pasando por alto todas las recomendaciones técnicas.
Actualmente existen múltiples proyectos de termoeléctricas a carbón ingresados al Sistema de Evaluación Nacional -una de ellas, Cruz Grande, en la misma zona de Punta Choros-, en distintos puntos del país. Antes de seguir visando estos nocivos proyectos, la autoridad ambiental debe generar los espacios para discutir una regulación y una política pública en relación a este tipo de fuentes de energía pues, tal como lo muestra el estudio de Terram al respecto, este es un problema que trasciende a una comunidad específica, y debe ser enfocado con mirada país.
Fundación Terram se suma al rechazo manifestado por las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, encabezados por MODEMA, que desde hoy mismo salieron a protestar por la decisión de la autoridad ambiental.
La Central térmica Barrancones pretende generar 540 MW de energía a base de carbón, con una inversión de US$1.100 millones, y se ubicaría en la comuna de La Higuera, en las inmediaciones de Punta de Choros, una de las escasas áreas costera marinas protegidas del país, con una rica biodiversidad de alto valor ecológico, incluyendo más del 80% de la población mundial de pingüinos de Humbolt. Todas las evidencias científicas señalan que estos ecosistemas no sobrevivirían más allá de una semana una vez que comience a funcionar la termoeléctrica.
El funcionamiento de una central térmica a carbón de este tipo generará desechos tóxicos que se pretende liberar, tanto a nivel atmosférico como al suelo y, especialmente, al mar, destruyendo la biodiversidad natural, y con ello todas las actividades económicas locales tradicionales, tales como la pesca artesanal y el turismo.
La votación a favor del proyecto por parte todos los seremis integrantes de la Comisión, es decir, de todos los representantes políticos del Ejecutivo, confirma que se trata de una decisión dictada a nivel central, pasando por alto todas las recomendaciones técnicas.
Actualmente existen múltiples proyectos de termoeléctricas a carbón ingresados al Sistema de Evaluación Nacional -una de ellas, Cruz Grande, en la misma zona de Punta Choros-, en distintos puntos del país. Antes de seguir visando estos nocivos proyectos, la autoridad ambiental debe generar los espacios para discutir una regulación y una política pública en relación a este tipo de fuentes de energía pues, tal como lo muestra el estudio de Terram al respecto, este es un problema que trasciende a una comunidad específica, y debe ser enfocado con mirada país.
Fundación Terram se suma al rechazo manifestado por las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, encabezados por MODEMA, que desde hoy mismo salieron a protestar por la decisión de la autoridad ambiental.
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