Un análisis pormenorizado de los principales medios de Chile y buscando notas relacionadas con la empresa minera en cuyo yacimiento se produjo el derrumbe de galerías que atrapó a 34 mineros, arroja algunas coincidencias sustanciales con el comportamiento gubernamental y de las empresas mineras que explotan oro, plata y carbón en nuestra provincia. Los argumentos para sostener la minerías son similares, la actitud oficial es igual y la falta de control asoma Como el principal problema.
El yacimiento San Esteban cercano a Copiapó Chile, propiedad de Minera San José que extrae cobre del norte trasandino, sepultó a 34 mineros en lo que parece ser una tragedia absolutamente previsible y por supuesto, evitable. Si bien hay esperanzas de que el personal esté vivo, confinado en uno de los socavones, las horas y los días pasan reduciendo esa posibilidad. Sin embargo, más allá del resultado luctuoso o no que pueda teneer el desenlace, existen los motivos por lo cual sucedió el derrumbe.
Solo basta buscar en los medios de ese país que no aportan genuflexión a la corporación minera ni al gobierno nacional, para delimitar que los problemas existentes allí, son similares a los que padece nuestra provincia en materia minera: un pool de empresas multinacionales que hacen su negocio, impulsan una “evangelización” merced a los buenos oficios de empresarios, periodistas y funcionarios afines al proyecto; un Estado (que parece) bobo, pero que no lo es (en todo caso es indiferente o cómplice) y básicamente se llega a este desastre por ausencia de controles e impunidad para manipular la realidad a costa de la vida y bienestar de la gente a la cual mantienen engañada.
El Presidente de la Confederación Minera de Chile Néstor Jorquera Rodríguez lanzó una dura ofensiva en contra del Estado como responsable de la tragedia por no haber advertido las señales previas, haber incumplido con los controles exigidos y porque la Justicia al menos en tres oportunidades falló a favor de la empresa a pesar de las denuncias sobre perjuicio a trabajadores, producto, precisamente de esa falta de seguridad en la mina.
Justicia ciega, sorda y muda
En 2004, la Corte de Apelaciones chilena rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin a raíz del fallecimiento del trabajador Pedro González Rojas, tras un desprendimiento de roca en la mina San José, la misma del accidente del jueves.
Cuatro años después, la Justicia rechazó un recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de una resolución de la Inspección del Trabajo a favor del trabajador Javier Castillo Julio.
En el año 2007 trabajadores y sindicato presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Chile y al Sernageomin (organismo de control minero) por la muerte de tres mineros en obras de San José y en el yacimiento San Antonio.
Este año, el Segundo Juzgado de Letras de Santiago falló a favor de Ana Raquel Peñaloza, a quien se le canceló cerca de ocho millones de pesos después de constatar que la empresa “incurrió en incumplimientos graves” de su contrato, fallo ratificado en junio por la Corte de Apelaciones.
Por este motivo en los diarios chilenos, la Confederación Minera denunció que los responsables directos de este accidente son los propietarios del yacimiento, y principalmente los servicios de fiscalización y prevención, que le corresponde, especialmente el SERNAGEOMIN.
Fue precisamente Jorquera Rodríguez quien publicó una solicitada indicando “En esta mina, se han producido, de muchos años atrás, varios accidentes fatales, con grave violación a la seguridad y a la normativa legal vigente, ante la muerte del último trabajador ocurrido en el año 2003, y de una serie de accidentes y faltas en la seguridad, en el año 2006 los trabajadores mineros deciden no trabajar mas en esas condiciones, porque prefieren su seguridad y optan por la vida ante del trabajo. Pero que hacen los dueños en complicidad con los organismos estatales, abren nuevamente el yacimiento, autorizados por el SERNAGEOMIN y todos los servicios públicos, contratando para la ejecución a empresas Contratistas, resultado de esta irresponsable acción es el accidente de un trabajador que por efecto de caída de rocas sufre como consecuencia la amputación de una de sus piernas.”
Cualquier parecido es…
El dirigente expresa en su comunicado que cuando pidió hablar con el Ministro de Minería para que se ocupara de los temas de inseguridad en la mina donde el 05 de agosto se produjo la catástrofe, la respuesta que recibió de los funcionarios de gobierno fue “hay que generar empleo, la meta es generar un millón de empleos”.
Y concluye con una acusación firme hacia las autoridades chilenas señalando “…esto nos lleva a denunciar públicamente que el responsable de este accidente, es el Estado y principalmente el Gobierno por medio de sus organismos fiscalizadores que no cumplen con sus rol. A ellos denunciaremos, ante la justicia local, a nivel Internacional y a la OIT, por medio de la Federación Sindical Mundial. Para que el mundo sepa de los atropellos, que están sufriendo los trabajadores chilenos”.
Queda claro que las crisis y las catástrofes como éstas no ocurren como producto de la casualidad. Sistemáticamente detrás de todas estas tragedias hay anormalidades, falta de control, corrupción, connivencia, negociados y una complicidad entre las empresas mineras y el gobierno, que en vez de ejercer su papel de contralor y fiscalizador, la va de socio y amigo de las mineras.
En Chile como en Argentina se replica el modelo. En nuestra provincia aún no hemos tenido la desgracia de sufrir una tragedia similar en minas de oro y plata, excepto claro, el yacimiento de carbón de Río Turbio en el 2004, como producto de lo mismo que hoy los chilenos reclaman.
El Estado sigue ausente en los controles y las empresas facturan silenciosas. Nadie oye a los trabajadores que claman por mayor seguridad e indican que los yacimientos no poseen los medios suficientes para responder a una situación de crisis extrema. Si reclaman seguridad son silenciados o echados. El gremio minero argentino oscila entre los dos polos (empresas y trabajadores) y no son pocas las quejas de los mineros que dicen no sentirse representados en su totalidad.
Mientras tanto, se sigue tentando a la suerte y tal vez cuando suceda lo irreparable, vendrán los reproches y las iniciativas tardías para buscar solución a cuestiones que hoy por distintos motivos, no se advierten o se ignoran.
Río Turbio es el paradigma de lo que podría pasar en Santa Cruz si ocurriera otro lamentable hecho en una mina de la provincia y la desgracia chilena una réplica futurista de lo que podría suceder en cualquier momento. Seis años de impunidad y un pueblo que recuerda a sus muertos y se ha resignado a que los verdaderos responsables dejen la factura impaga con la justicia, a pesar de los discursos políticos que abundaron en estos años, donde se les prometió lo que el propio Estado es incapaz de sostener.
(R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
El yacimiento San Esteban cercano a Copiapó Chile, propiedad de Minera San José que extrae cobre del norte trasandino, sepultó a 34 mineros en lo que parece ser una tragedia absolutamente previsible y por supuesto, evitable. Si bien hay esperanzas de que el personal esté vivo, confinado en uno de los socavones, las horas y los días pasan reduciendo esa posibilidad. Sin embargo, más allá del resultado luctuoso o no que pueda teneer el desenlace, existen los motivos por lo cual sucedió el derrumbe.
Solo basta buscar en los medios de ese país que no aportan genuflexión a la corporación minera ni al gobierno nacional, para delimitar que los problemas existentes allí, son similares a los que padece nuestra provincia en materia minera: un pool de empresas multinacionales que hacen su negocio, impulsan una “evangelización” merced a los buenos oficios de empresarios, periodistas y funcionarios afines al proyecto; un Estado (que parece) bobo, pero que no lo es (en todo caso es indiferente o cómplice) y básicamente se llega a este desastre por ausencia de controles e impunidad para manipular la realidad a costa de la vida y bienestar de la gente a la cual mantienen engañada.
El Presidente de la Confederación Minera de Chile Néstor Jorquera Rodríguez lanzó una dura ofensiva en contra del Estado como responsable de la tragedia por no haber advertido las señales previas, haber incumplido con los controles exigidos y porque la Justicia al menos en tres oportunidades falló a favor de la empresa a pesar de las denuncias sobre perjuicio a trabajadores, producto, precisamente de esa falta de seguridad en la mina.
Justicia ciega, sorda y muda
En 2004, la Corte de Apelaciones chilena rechazó un recurso de protección interpuesto por el sindicato en contra de la empresa y Sernageomin a raíz del fallecimiento del trabajador Pedro González Rojas, tras un desprendimiento de roca en la mina San José, la misma del accidente del jueves.
Cuatro años después, la Justicia rechazó un recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de una resolución de la Inspección del Trabajo a favor del trabajador Javier Castillo Julio.
En el año 2007 trabajadores y sindicato presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Chile y al Sernageomin (organismo de control minero) por la muerte de tres mineros en obras de San José y en el yacimiento San Antonio.
Este año, el Segundo Juzgado de Letras de Santiago falló a favor de Ana Raquel Peñaloza, a quien se le canceló cerca de ocho millones de pesos después de constatar que la empresa “incurrió en incumplimientos graves” de su contrato, fallo ratificado en junio por la Corte de Apelaciones.
Por este motivo en los diarios chilenos, la Confederación Minera denunció que los responsables directos de este accidente son los propietarios del yacimiento, y principalmente los servicios de fiscalización y prevención, que le corresponde, especialmente el SERNAGEOMIN.
Fue precisamente Jorquera Rodríguez quien publicó una solicitada indicando “En esta mina, se han producido, de muchos años atrás, varios accidentes fatales, con grave violación a la seguridad y a la normativa legal vigente, ante la muerte del último trabajador ocurrido en el año 2003, y de una serie de accidentes y faltas en la seguridad, en el año 2006 los trabajadores mineros deciden no trabajar mas en esas condiciones, porque prefieren su seguridad y optan por la vida ante del trabajo. Pero que hacen los dueños en complicidad con los organismos estatales, abren nuevamente el yacimiento, autorizados por el SERNAGEOMIN y todos los servicios públicos, contratando para la ejecución a empresas Contratistas, resultado de esta irresponsable acción es el accidente de un trabajador que por efecto de caída de rocas sufre como consecuencia la amputación de una de sus piernas.”
Cualquier parecido es…
El dirigente expresa en su comunicado que cuando pidió hablar con el Ministro de Minería para que se ocupara de los temas de inseguridad en la mina donde el 05 de agosto se produjo la catástrofe, la respuesta que recibió de los funcionarios de gobierno fue “hay que generar empleo, la meta es generar un millón de empleos”.
Y concluye con una acusación firme hacia las autoridades chilenas señalando “…esto nos lleva a denunciar públicamente que el responsable de este accidente, es el Estado y principalmente el Gobierno por medio de sus organismos fiscalizadores que no cumplen con sus rol. A ellos denunciaremos, ante la justicia local, a nivel Internacional y a la OIT, por medio de la Federación Sindical Mundial. Para que el mundo sepa de los atropellos, que están sufriendo los trabajadores chilenos”.
Queda claro que las crisis y las catástrofes como éstas no ocurren como producto de la casualidad. Sistemáticamente detrás de todas estas tragedias hay anormalidades, falta de control, corrupción, connivencia, negociados y una complicidad entre las empresas mineras y el gobierno, que en vez de ejercer su papel de contralor y fiscalizador, la va de socio y amigo de las mineras.
En Chile como en Argentina se replica el modelo. En nuestra provincia aún no hemos tenido la desgracia de sufrir una tragedia similar en minas de oro y plata, excepto claro, el yacimiento de carbón de Río Turbio en el 2004, como producto de lo mismo que hoy los chilenos reclaman.
El Estado sigue ausente en los controles y las empresas facturan silenciosas. Nadie oye a los trabajadores que claman por mayor seguridad e indican que los yacimientos no poseen los medios suficientes para responder a una situación de crisis extrema. Si reclaman seguridad son silenciados o echados. El gremio minero argentino oscila entre los dos polos (empresas y trabajadores) y no son pocas las quejas de los mineros que dicen no sentirse representados en su totalidad.
Mientras tanto, se sigue tentando a la suerte y tal vez cuando suceda lo irreparable, vendrán los reproches y las iniciativas tardías para buscar solución a cuestiones que hoy por distintos motivos, no se advierten o se ignoran.
Río Turbio es el paradigma de lo que podría pasar en Santa Cruz si ocurriera otro lamentable hecho en una mina de la provincia y la desgracia chilena una réplica futurista de lo que podría suceder en cualquier momento. Seis años de impunidad y un pueblo que recuerda a sus muertos y se ha resignado a que los verdaderos responsables dejen la factura impaga con la justicia, a pesar de los discursos políticos que abundaron en estos años, donde se les prometió lo que el propio Estado es incapaz de sostener.
(R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
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