lunes, 18 de octubre de 2010

Sospechas de sobreprecios en una usina termoeléctrica


Avanza una investigación por sobreprecios en Santa Cruz

Buscan determinar si el Gobierno pagó tres veces más en la central de Río Turbio; De Vido, en la mira

Lunes 18 de octubre de 2010

Paz Rodríguez Niell
LA NACION

Con todo sigilo, avanza en los tribunales una causa contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por presuntos sobreprecios en la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio, una gran usina de carbón que el Estado nacional espera poner en marcha el año próximo, a 278 kilómetros de Río Gallegos.

En los próximos días, el cuerpo de peritos de la Corte Suprema comenzará un peritaje para analizar la razonabilidad de los costos de la central, por la que el Gobierno se comprometió a pagar más de 2600 millones de pesos.

El estudio fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio hace dos semanas, según informaron a LA NACION dos funcionarios con acceso al caso. Será un peritaje multidisciplinario, del que no sólo participarán expertos tasadores, sino también ingenieros. Es un estudio complejo, que demorará muchos meses, estiman en Tribunales.

La investigación judicial sobre la central de Río Turbio tiene dos ejes. Por un lado, los supuestos sobreprecios. Según la denuncia que motivó el expediente, se pagará por esta obra tres veces el costo internacional promedio y un 174% más que lo invertido por Chile para hacer una central térmica "de similares características preciada en la misma época". Por otro, los efectos sobre el medio ambiente. Los denunciantes sostienen que hay un grave peligro de contaminación porque la usina utilizará carbón como combustible y no se tomaron los recaudos necesarios para evitar un daño ambiental.

En relación con este aspecto, el juez ordenó un allanamiento en la compañía de seguros que emitió la póliza por posibles daños ecológicos. Durante ese operativo secuestró documentación vinculada al caso que está incorporada al expediente.

El contrato para la construcción de la central termoeléctrica a carbón en Río Turbio lo firmó Cristina Kirchner el 14 de diciembre de 2007, cuatro días después de asumir la presidencia. La adjudicataria, que había ganado la licitación, fue la UTE Grupo Isolux Corsan, de capitales españoles.

Bonadio investiga este caso desde octubre del año pasado, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó un requerimiento en el que individualizó como imputados a De Vido, Peralta (que era el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio durante el proceso licitatorio) y los ex subsecretarios de Medio Ambiente de Santa Cruz Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz.

De acuerdo con la carátula del expediente, los supuestos delitos que se investigan son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y envenenamiento o adulteración de aguas, medicinas o alimentos.

La causa se inició por una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, Adrián Pérez, Fernanda Reyes y Elsa Quiroz, que denunciaron que las autoridades nacionales accedieron a pagar por la central de Río Turbio, que tendrá una potencia de 240 megawatts (MW), un precio casi tres veces superior por megawatt que el valor internacional promedio "sin motivos aparentes que justifiquen semejante desfase".

Dijeron además que el precio de esta usina superaría en un 174% el pagado por Chile por la central de Puchuncavi. Afirmaron que frente a los 1,26 millones de dólares por MW instalado que se pagaría en esa central, la Argentina se habría comprometido a desembolsar 3,45 millones por MW en Río Turbio.
Respuesta oficial

En 2009, cuando la denuncia se hizo pública, De Vido dijo en un comunicado que esa comparación estaba "basada en un total desconocimiento", porque "las características de ambas usinas y sus emplazamientos geográficos hacen que no resulten comparables". Dijo, además, que la central de Río Turbio va a tener tecnología más sofisticada y que Isolux había ganado una licitación internacional (en la que ofertó el menor precio) que había sido aprobada por todos los organismos de control. Ayer, LA NACION intentó comunicarse con el Ministerio de Planificación, pero no obtuvo respuesta.

La idea es que la central termoeléctrica funcione a base del carbón de la mina de Río Turbio, pero los denunciantes sostuvieron que ese yacimiento no tendrá capacidad suficiente para abastecerla. O bien el Estado hace una fuerte inversión complementaria o bien importa carbón para la usina, advirtieron.

Por el supuesto daño ambiental, la obra es muy resistida. Ante los reclamos, en septiembre de 2008 Peralta aceptó realizar una audiencia pública no vinculante en Río Turbio, donde se inscribieron cerca de un centenar de oradores. El 95% de las opiniones avaló la instalación en la usina, pero los ambientalistas de Río Gallegos la critican, entre otros aspectos, por la posible contaminación que generaría en la naciente del río que provee de agua a la capital provincial.

En noviembre de 2009, Greenpeace desplegó un gigantesco cartel en el Ministerio de Economía que decía: "Cristina: carbón o glaciares". Según Greenpeace, la central producirá poca energía y generará mucho daño. Esta agrupación denunció deficiencias en los estudios de impacto ambiental y afirmó que la prueba de que no se está contemplando debidamente el peligro que implica es que la Presidenta autorizó el pago de $ 140 millones antes de que los estudios ambientales estuvieran presentados.

La mayor parte de la energía que genere esta nueva usina se colocará en el Sistema de Interconexión Nacional por medio de la línea de tendido eléctrico patagónico, otra obra sospechada de sobreprecios. La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó en 2008 un informe que advirtió que el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado del tendido había costado un 48% más que el anterior, Choele Choel-Puerto Madryn.
CAUSAS DE BONADIO

* Jaime. El juez investiga las presuntas dádivas a Ricardo Jaime. Bonadio procesó al ex secretario de Transporte por supuestas "dádivas", por haber viajado en vuelos privados a Río de Janeiro, Uruguay y el interior del país en viajes pagados por empresas de transporte a las que debía controlar. El procesamiento lo confirmó la Cámara Federal.

* Medicamentos. Bonadio investiga al líder de la CGT, Hugo Moyano, en un caso contra la obra social de los camioneros por presunta defraudación en el financiamiento de tratamientos médicos. Se trata de un caso vinculado a la presunta mafia de los medicamentos en la que está detenido el jefe del gremio de Bancarios Juan Zanola. Moyano intentó, sin éxito, apartar a Bonadio de la investigación.

* Patrimonio. Bonadio lleva adelante una causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a cuatro hombres que fueron secretarios privados de Cristina y Néstor Kirchner. A tres de ellos les pidió que fundamentaran su incremento patrimonial (uno de ellos es Isidro Bounine, que sigue siendo secretario de la Presidenta) y a Daniel Alvarez lo sobreseyó.

Admiten que hay "desorganización"

Lo dijo el interventor del Yacimiento de Río Turbio dispuesto por el kirchnerismo

Mariela Arias Corresponsal en Santa Cruz

RIO GALLEGOS.- La situación de desprolijidad y caos en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio que depende del Ministerio de Planificación Federal fue reconocida hasta por el nuevo interventor dispuesto por el oficialismo. Hace menos de un mes, cuando asumió en su cargo por orden del kirchnerismo, el diputado Atanasio Pérez Osuna expresó que la empresa se encontraba "en una desorganización total".

Ante el complicado panorama que observó Pérez Osuna al asumir la intervención del yacimiento patagónico, explicó que se alargarían los plazos previstos para entrar en producción. "Nosotros tenemos como objetivo ordenar la empresa, avanzar todo lo que se pueda en la reparación de la galería secundaria y terminar todos los frentes, para llegar, con dos frentes en marcha en 2011", afirmó quien fuera intendente de Río Turbio durante dos gestiones.

Según el ambicioso Programa Integral de Modernización del Ministerio de Planificación, se contempla para este yacimiento una inversión del orden de los 4100 millones de pesos para el período 2004-2011, que incluye la modernización tecnológica de la actividad extractiva y la central termoeléctrica a carbón de 240 MW que cuenta con un presupuesto oficial de 1506 millones de pesos.

Sin embargo, en sus últimas declaraciones el ministro Julio De Vido aseguró que la inversión llegaría a 4900 millones de pesos, y varias fuentes de Río Turbio aseguran que la cifra de inversiones sería aún mayor. Las obras están encaminadas y, según fuentes oficiales, la usina a carbón, -la vedette de la inversión- ya tiene un 60% en avance de obra.

Sin embargo, en Río Turbio hay dudas de que en 2011 se logre contar con la suficiente cantidad de frentes en explotación para alimentar la usina. Con un año de atraso, el jueves próximo se abrirán aquí las licitaciones para tres frentes de explotación.

El proyecto prevé que la energía a carbón que genere la megausina se sume a la red del sistema interconectado nacional que fue licitado desde Pico Truncado hasta el sur de Santa Cruz. Desde que en 1943 se inició la extracción manual de carbón en la Mina Uno, también empezaba la vida de Río Turbio, 28 Noviembre y Julia Dufour, las localidades que componen la cuenca carbonífera. La buena o mala fortuna que corrió la empresa -tanto estatal como privatizada- marcó la vida de las 14.000 personas que hoy viven allí.

Su peor año fue 2004. Existía un estado de gran precariedad en el yacimiento, resultado de años de desinversión estatal y privada, que fuera denunciado por la dirigencia gremial de ATE y también marcado en los informes de la Auditoría General de la Nación. La tragedia estaba en ciernes y 14 mineros murieron atrapados en un incendio ocurrido a 1000 metros de la boca de mina. Apenas diez días antes de la tragedia, se habían anunciado inversiones.

Después de la tragedia y con la asunción del hoy gobernador Daniel Peralta al frente de la intervención, el ministerio de De Vido empezaría a planificar el impulso del yacimiento, que en 2004 empleaba a mil personas y hoy llegan a 1850, pagando sólo en sueldos $ 30 millones mensuales.

"En esta etapa, la falta de planificación y la incoherencia fueron una constante. Las inversiones fueron al revés, primero se mostró comprar cosas que no se necesitaban en ese momento, buscando antes que nada el impacto mediático", dijo a LA NACION Raúl Wanzo, gremialista de ATE. "La desorganización en la empresa ya la denunciamos, ahora el nuevo interventor nos dio la razón", afirmó.

Desde el mismo espacio gremial, Luis González denunció en la justicia federal sobreprecios en el reacondicionamiento del ramal ferro-portuario de 288 km que se extiende entre Río Turbio y el puerto de Punta Loyola que estuvo a cargo de la UTE Roggio y Esuco.

Para que la usina genere 240 MW de energía necesita de 1200 toneladas de carbón. Para ello es indispensable coordinar la puesta en marcha de la producción de los frentes en el interior del yacimiento, que según los tiempos políticos debería ser antes próximas elecciones.

En tanto, la usina recibió las críticas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Asamblea Ambiental de Río Gallegos, que cuestiona la falta de respuestas a los 50 puntos objetados en el Estudio de Impacto Ambiental.

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